Escándalos que tapan más discriminación (Cuando el sensacionalismo interesa más que la realidad)

Como viene siendo habitual en el trato mediático de la lucha de los vendedores y las vendedoras ambulantes de nuestra ciudad, las noticias surgidas en los últimos días representan poco más que otro intento, por parte de los poderes fácticos de Barcelona, de criminalizar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras precarias, de las personas excluidas de esta sociedad por la Ley de Extranjería y de las personas que les apoyan en esa lucha tan digna como legítima.

Por eso, desde el colectivo Tras La Manta, consideramos importante responder a las acusaciones mediáticamente sensacionalistas, profesionalmente incoherentes y socialmente irresponsables que se han reproducido en los medios durante los últimos días.

Queremos denunciar la distancia entre la versión estrictamente policial de los hechos que aparece en los medios y lo que realmente ocurrió durante la tarde en cuestión. Se acusa a dos personas, una de las cuales es el concejal de la CUP de Barcelona Josep Garganté, de presionar al médico para que cambiara el informe sobre las lesiones sufridas por un compañero del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. Sin embargo, tal y como se observa en el vídeo, las dos personas presentes no pidieron que el médico manipulara el informe, sino que cumpliera con la ética profesional haciendo constar la versión del paciente en condiciones de privacidad, sin la presencia (y por tanto la intimidación) de agentes de la Guardia Urbana durante su declaración. No sería ni ético ni normal que, en un caso donde una mujer herida declarara frente a su pareja que “cayó por las escaleras”, el médico lo tomara como la versión oficial de los hechos, sin preguntarle a ella en condiciones de privacidad que ratificara su versión de los hechos. Lo mismo es aplicable a este caso.

Porque el vendedor herido ha visto vulnerado uno de los derechos básicos recogidos en la carta de derechos de la sanidad catalana: poder hablar con el médico en un clima de intimidad y escogiendo la persona que le acompañara mientras es atendido. Según la Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació a la Salut i l’Atenció Sanitària”, publicación del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, punto 4: intimidad y confidencialidad, se recoge el derecho a la intimidad y privacidad del paciente y el derecho a escoger quién está presente durante la atención sanitaria. Si este derecho es importante incluso en casos de personas detenidas (recordemos cómo en el documental Ciutat Morta se relatan las revisiones médicas de huesos rotos y marcas de palizas con la policía al lado), aún es menos comprensible que un médico acepte la presencia policial durante la atención a un usuario que está en libertad, por lo cual la presencia de un agente sólo puede responder a la lógica intimidatoria.

Sin embargo, es francamente preocupante que la presencia de los agentes de la Guardia Urbana haya sido aceptada como algo normal por parte del médico. A su vez, los medios de comunicación parecen haber considerado normal que un agente grabe y haga difusión de la interacción entre un médico y las personas interesadas en la salud del paciente, violando así un principio básico del derecho a la intimidad.

Tristemente, nada de esto nos sorprende. Parece que todo vale a la hora de criminalizar a las personas más vulnerables de esta ciudad y a las personas que les apoyan en su lucha. Se decomisa material legítimamente comprado por los vendedores y las vendedoras (y no hablamos del material “falsificado” sino de selfie-sticks, artesanías u otros productos). Se identifica a quienes cuestionan las intervenciones policiales o defienden a los vendedores y las vendedoras. Se persigue a los trabajadores y las trabajadoras de forma violenta. Se miente sobre su trabajo en los medios. Se intenta destituir a los políticos que se posicionan públicamente con los vendedores y las vendedoras, como ocurrió en el caso de Llum Ventura (Barcelona en Comú) y ahora con Josep Garganté (CUP). Que ahora, además, se tolere la intrusión de los agentes policiales en la relación entre el médico, el paciente y las personas cercanas a éste es solo un avance más en la degradación de los derechos humanos más básicos.

Si lo que queremos es una Barcelona justa, solidaria y democrática, está claro que así, NO se puede.

 Captura

Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació a la Salut i l’Atenció Sanitària”

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  1. Pingback: Solidaridad entre las que luchamos – Tras la manta

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