¿Greuges para quién?

 

Queremos reiterar nuestra disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones comunitarias y verdaderas que consideren a todos los involucrados en este tema […] informarles que desde el sindicato popular de vendedores ambulantes estamos dispuestos a buscar una alternativa a la venta ambulante que nos permita vivir dignamente en nuestra ciudad […] Estamos dispuestos a dejar la venta siempre y cuando tengamos una alternativa laboral […] Tregua humanitaria y social que nos permita avanzar en la reorganización de nuestro trabajo […] Estamos dispuestos a pagar si es necesario un permiso de venta[…] Estamos buscando la manera de sustituir los productos actuales por otros que no generen polémica”.

Todo esto fue planteado por los portavoces del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes en la segunda mesa para el abordaje de la venta ambulante, constituida por el Ajuntament de Barcelona e integrada por partidos políticos, organizaciones sociales y funcionarios gubernamentales, incluyendo un representante de la guardia urbana, que tuvo lugar el pasado enero.

Las personas que se dedican a la venta ambulante (cuya actividad está datada por lo menos desde los años 30) han crecido sin cesar desde fines de la década pasada, debido fundamentalmente a la crisis-estafa que ha intensificado la situación de desigualdad en la ciudad y en el país. Este sector ha encontrado, como en otras épocas, una forma de sobrevivir para no caer en miseria y en la total exclusión y evitar la dependencia en los servicios sociales, colapsados, por otro lado, por dicha crisis.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha producido un informe tras iniciar “una actuación de oficio” sobre el “comercio irregular en la vía pública” en la que no menciona para nada esta predisposición. Su análisis no parte de la terrible situación y contexto social sino de la descripción de los defectos legales, administrativos, urbanísticos, etc. supuestamente provocados por  comercio irregular, basándose fundamentalmente en comentarios anecdóticos sin un solo dato certero, sin una sola cifra estadística, lo que consideramos, además de irresponsable, falto de toda la profesionalidad que se espera de una institución como el Síndic, consitituida como “el defensor de las personas”.

sindicweb

El informe, por ejemplo, lanza acusaciones de competencia desleal, insalubridad e inseguridad, basándose estrictamente en información anecdótica aportada por entrevistas con personas claramente interesadas en reproducir esa idea, sin contrastarlas con personas que sí han trabajado en la venta ambulante en algún momento.

Un ejemplo de la información anecdótica se encuentra en las citas de la Autoridad Portuaria. Es particularmente llamativo que su primera cita acusa a los vendedores de “hacer sus necesidades fisiológicas sobre el mismo territorio”, humillándoles y cuestionando su higiene.

Por otro lado, paternaliza y criminaliza desde el primer momento a los vededores ambulantes, relacionándolos confusamente con supuestas mafias de mayoristas e importadores sin presentar una sola prueba en relación a ello. La práctica totalidad de los estudios empíricos que se han centrado en este tema coincide en que esas mafias no existen. En cambio, lo que sí se ha demostrado en multiples instancias y contextos es que la supuesta vinculación con “mafias”, la insalubridad de los productos y la inseguridad del consumo son acusaciones falsas frecuentemente empleadas por las organizaciones de comerciantes y demás gremios de la pequeña burguesía para desprestigiar y criminalizar a los trabajadores más vulnerables, que son los del sector informal.

Si existen las mafias, hay que perseguirlas a ellas y no a los que compran mercancías en lugares habilitados para venderlas, lugares a los que también concurren habitualmente otros comerciantes mejor instalados en cuanto a sus lugares de venta. Un estudio que pretenda ser riguroso, no se puede realizar recopilando información sólo de administraciones y sectores que no han puesto y no proponen más que tiritas y golpes para, en definitiva, empeorar cada vez más la situación, sin tener en cuenta a otras partes afectadas.

Nosotras, vecinas, periodistas, fotógrafas y organizaciones solidarias, apoyamos a estos compañeros; lo hacemos porque sí hemos conocido de cerca la forma en que se desarrollan su lucha diaria por conseguir condiciones dignas de vida. Son personas, la mayoría de ellos migrantes con muchos años de residencia en Catalunya, que han realizado los más diversos trabajos; la situación de paro las llevó a esta forma de ganarse la vida. Algunas se han quedado sin poder renovar su documentación por haber sido detenidas mientras vendían, en algunos casos acusadas de cometer delitos, otras no la consiguieron jamás.

SINDIC3

Creemos que una investigación rigurosa del Sindíc de Greuges debería haber incluído, entre los sectores afectados, a los mismos vendedores ambulantes con más razón que a cualquier otra asociación o administración, su sindicato y sus portavoces han hecho propuestas mucho más racionales que todas las que presenta el conjunto de este informe.

Comparen, sino, las palabras de los “manteros” que figuran al comienzo de este escrito con la 1ª conclusión sacada en este estudio: “Las Administraciones Públicas no deben permitir el “top manta”, puesto que se trata de una actividad ilegal, más próxima a las tramas mafiosas que a la pobreza de los más vulnerables”. Podemos apostar, por como vemos que se van desarrollando los acontecimientos, que va a ser esta la única medida que se va a cumplir; las otras dos, propuestas desde un paternalismo imposibilista, quedarán relegadas para mejores épocas.

Desde Tras La Manta, consideramos que la lógica desde la que se lanza el informe tiene poco que ver con la búsqueda de una forma justa, democrática y acorde con los derechos humanos con la que abordar la situación de vulnerabilidad padecida por los vendedores ambulantes, y mucho que ver con la utilización política de un conflicto para imponer un modelo de sociedad que valora la propiedad por encima de la dignidad humana, beneficiando así a los de siempre y perjudicando más a los demás.

Instamos al Síndic a reconsiderar su posición en respecto a este informe y a recuperar su rigor y su función de defensa de las personas por encima de los intereses corporativistas y propagandísticos de esta ciudad.

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